¿DÓNDE ESTÁ LA JUSTICIA?


Por Arnoldo Griñán Bravo

El 12 de septiembre de 1998, hace ya mucho más de 7 años, El Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, (FBI), secuestró en Miami a 5 jóvenes cubanos, y sin que mediaran contactos con familiares, ni abogados, fueron encarcelados por 17 meses, privados de los derechos más esenciales. ¿Por qué tan cruel procedimiento?

Cuando al fin se les celebró juicio, bajo la acusación de espías, se cometieron un sin número de violaciones legales, tan flagrantes que, toda persona que conozca lo allí ocurrido quedará escandalizada y se preguntará: ¿Dónde está la justicia estadounidense?

Aquellos 5 cubanos son: Gerardo Hernández Nordelo, licenciado en Relaciones Políticas Internacionales y destacado Caricaturista; Ramón Labañino Salazar, graduado con Diploma de Oro en la carrera de Licenciatura en Economía; Fernando González Llort, graduado con Diploma de Oro en Relaciones Políticas Internacionales; René González Sehwerent, piloto e instructor de vuelo, y Antonio Guerrero Rodríguez, ingeniero en Construcción de Aeropuertos y poeta.

Dolida por su fracaso ante el caso del niño Elían González, a quien pretendieron seducir con juguetes y regalos, y que la solidaridad internacional, incluida la del pueblo norteamericano, logró que fuera devuelto a su padre, la mafia miamense desarrolló una fiera campaña mediática contra aquellos jóvenes cubanos.

EL JUICIO: OTRO ESCÁNDALO

A las violaciones cometidas con la injustificada detención de los 5 jóvenes patriotas y su encarcelación en celdas inhumanas conocidas como el hueco, privados de comunicación con la población penal, casi ninguna con sus abogados y sin acceso a la evidencia presentada en su contra, se sumó la celebración del juicio en la ciudad de Miami, donde los abogados demostraron que no existía ninguna garantía de imparcialidad. Baste señalar el gran clima de hostilidad dejado por el caso del niño Elían, los numerosos elementos de presión ejercidos por los apátridas miamenses, como la filmación de las patentes de los automóviles de los miembros del Jurado y la componenda entre la Fiscalía y la ultraderecha cubano-norteamericana de la ciudad que se confabularon e hicieron todo lo posible, fuera legal o no, para desacreditar a los procesados.

El Nuevo Herald, en su edición del 2 de diciembre del 2000 publicó que el miedo a una reacción violenta por parte del llamado exilio cubano llevó a muchos potenciales candidatos a Jurado a pedir a la jueza federal Joan Lenard, quien llevó el caso y es un peón de la ultraderecha miamense, a que los excusara de cumplimentar su deber cívico.

Después de 6 meses de juicio, el parcializado Jurado declaró culpable de todos los cargos imputados a los 5 acusados, a pesar de que la Fiscalía no pudo presentar ningún documento que sustentara su acusación. Sólo unas pocas horas necesitó para deliberar.

Entre las numerosas violaciones que se produjeron en aquel veredicto, se pueden señalar: las amenazas de la Fiscalía a los testigos presentados por la Defensa, sin que la jueza prohibiera tan deleznable proceder. La entrega de documentos seleccionados a la mafia anticubana para que desprestigiara a los acusados; la violación de los derechos elementales de los acusados y de la Quinta Enmienda de la Constitución norteamericana, así como la violación del Derecho Internacional y el estadounidense al inculpar a Gerardo en un hecho al cual no estaba vinculado.

¡INOCENTES!

Las acusaciones de la Fiscalía fueron todas desbaratadas por los abogados de la Defensa de los 5 patriotas cubanos. Fue fehacientemente documentado que ellos no eran un peligro para la sociedad americana, ni causaron ningún daño a objetivos civiles o militares estadounidenses. Los testimonios de altos oficiales del FBI y del comando Sur, entre otros, reconocieron sin lugar a dudas, que los acusados no habían cometido espionaje ante los Estados Unidos.

Lo que sí quedó claramente demostrado en ese juicio, fue que las actividades terroristas de los apátridas contra Cuba, y la tolerancia de las autoridades estadounidenses, no sólo han afectado al pueblo cubano, sino también al norteamericano y a otros 10 países de América Latina y Europa. Esos mismos actos terroristas constan en documentos oficiales norteamericanos y han sido reflejados en la prensa y otros medios de la llamada República bananera de Miami. Son también de conocimiento de las distintas agencias de inteligencia norteamericanas que, se supone, combaten el terrorismo.

EL MUNDO DENUNCIA

El 27 de mayo del 2005, el Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, después de evaluar los argumentos cubanos y los proporcionados por Washington, declaró arbitraria la detención de los 5 cubanos, producto de las violaciones y arbitrariedades que se cometieron, las severas sentencias de que han sido víctimas, como consecuencias de no tener un juicio justo, como exige la ley norteamericana.

Esa declaración de la ONU confirmó los argumentos esenciales expuestos por los abogados de la Defensa presentados al Onceno Circuito de Atlanta. Tres jueces de esa instancia, reunidos para examinar la apelación cubana, dijeron que las condenas no existían; que, debido a las irregularidades cometidas en las vistas, ningún veredicto contra ellos vale.

A pesar de esa decisión de carácter obligatorio, los cinco cubanos permanecen secuestrados en cárceles de máxima seguridad. Nunca como ahora se ha visto tan nítidamente la doble moral de la Casa Blanca en lo relacionado con el terrorismo. La apelación inédita del Gobierno al veredicto de la Corte se hizo para alargar el tiempo y dilatar la libertad de Los Cinco, como el mundo ha bautizado a aquellos patriotas.

Ahora, son todos los jueces de la Corte de Atlanta quienes están examinando el juicio. Tanto ellos como el resto del mundo saben que esos jóvenes están secuestrados y quiénes son los secuestradores. También conocen que, por orden de la Casa Blanca se están violando tanto la Carta Magna y las leyes como los procedimientos carcelarios estadounidenses.

Esa situación debe cesar y en ello mucho tendrá que ver la solidaridad mundial. No se puede permanecer impasible, mientras tamaña injusticia se realiza impunemente. Hay que hacer oír las voces de los pueblos en reclamo de justicia. Entre ellas debe estar la tuya. Denunciemos esa arbitrariedad en el seno de la familia, en el barrio, y, sobre todo, escribámosle al representante de la justicia norteamericana: Alberto González, fiscal general de Estados Unidos, cuya dirección es: U.S. Departament of Justice, 950 Pennsilvania Avenue N:W: Washington DC 20530. Fax 202.307.6777.

El reclamo de nuestras voces no los dejará dormir y puede abrir las tenebrosas cárceles que encierran a los Cinco Héroes cubanos. ¡Hagámoslo ya!